Un video que circula ampliamente en redes sociales ha vuelto a encender el debate sobre la política migratoria en República Dominicana, luego de que una mujer de nacionalidad haitiana denunciara que, según su percepción, los operativos de la Dirección General de Migración solo persiguen a ciudadanos haitianos, mientras que a los venezolanos supuestamente no se les aplica el mismo nivel de control.
En el audiovisual, que ha sido compartido miles de veces en distintas plataformas, la mujer expresa su inconformidad y cuestiona lo que considera un trato desigual por parte de las autoridades. Sus declaraciones han generado una ola de comentarios a favor y en contra, con usuarios que respaldan su queja y otros que aseguran que los operativos migratorios se realizan conforme a la ley y sin distinción de nacionalidades.

La inmigración es uno de los temas más sensibles y debatidos en la República Dominicana. En los últimos años, el país ha experimentado un aumento significativo de población extranjera, principalmente de Haití y Venezuela, lo que ha puesto presión sobre los servicios públicos, el mercado laboral y el sistema de salud. Esto ha llevado a las autoridades a reforzar los controles migratorios y a ejecutar operativos para regularizar o repatriar a quienes se encuentran en situación migratoria irregular.
En cuanto a la denuncia planteada en el video, expertos señalan que, de ser cierta esta percepción, podría deberse a varias causas. Entre ellas, el hecho de que la mayor parte de la inmigración irregular en el país proviene históricamente de Haití, lo que hace que los operativos se concentren con más frecuencia en zonas donde reside esta población. Además, factores como el idioma, el perfil socioeconómico o la visibilidad en determinados sectores laborales también podrían influir en que ciertos grupos sean más fácilmente identificados durante las inspecciones.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado directamente sobre el caso específico del video, pero la situación ha vuelto a colocar sobre la mesa el debate sobre la necesidad de que las políticas migratorias se apliquen con transparencia, equidad y respeto a los derechos humanos, al tiempo que se garantice el cumplimiento de las leyes del país.
