Reportaje de Nuria sobre rector del ITLA revela fortuna acumulada en su periodo

Santo Domingo. El nombre de Rafael Féliz García ha vuelto al centro del debate público tras la difusión de nuevos testimonios que lo vinculan con presuntas prácticas de recaudación política dentro del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), así como con cuestionamientos sobre su evolución patrimonial mientras ocupaba cargos en el Estado.

Un reportaje del programa N Investigación Periodística reveló que empleados de esa institución habrían sido instados a entregar parte de sus salarios para respaldar el movimiento político Jóvenes Unidos por el Cambio, organización fundada por el exrector. De acuerdo con varios testimonios, la dinámica no sería reciente y habría operado bajo una supuesta estructura de colaboración “voluntaria” durante más de cinco años, incluso desde su paso por el Ministerio de la Juventud.

Presiones internas y control de narrativa

Además de los aportes económicos, algunos trabajadores aseguran que también se les solicitaba difundir contenidos en redes sociales para promover la imagen y los proyectos institucionales impulsados por Féliz García. Parte de las evidencias presentadas incluyen capturas de pantalla y registros de llamadas en las que, según los denunciantes, se les pedía firmar cartas negando cualquier tipo de presión.

Estas situaciones habrían provocado inconformidad interna y un ambiente de tensión en determinadas áreas de la institución, de acuerdo con fuentes citadas en la investigación periodística.

Ascenso en la administración pública y aumento patrimonial

Rafael Féliz García, de 29 años, asumió la rectoría del ITLA en julio de 2024, luego de haberse desempeñado como ministro de la Juventud y vicerrector del Instituto Técnico Superior Comunitario de San Luis. También figura como docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Su trayectoria en el sector público ha ido acompañada de un crecimiento patrimonial que ha llamado la atención. Tres declaraciones juradas muestran que pasó de no reportar propiedades a adquirir un penthouse valorado en más de RD$10.7 millones, así como una yipeta de alta gama.

Los documentos también reflejan su participación mayoritaria en una empresa familiar y el registro de una compañía comercial mientras aún ejercía funciones públicas, además de la compra de un inmueble en 2023 mediante un préstamo del Banco de Reservas.

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Ninguna de las declaraciones revisadas consigna herencias ni donaciones, lo que ha generado interrogantes sobre el origen de los recursos utilizados para estas adquisiciones. A esto se suma que, pese a devengar alrededor de RD$200,000 mensuales como funcionario, los préstamos acumulados superan los RD$15 millones, sin que se evidencien otras fuentes de ingresos.

Empresas, socios y otros señalamientos

La participación de Féliz García en la empresa Felga Bienes Raíces SRL también creció de manera significativa, pasando de una cuota simbólica a 800 acciones. Asimismo, figura como socio de Uikucabo Rojo Liquor Store SRL, registrada en Pedernales y dedicada a la comercialización de bebidas, cuya dirección coincide con su residencia, según consta en registros mercantiles.

A nivel interno, también se mencionaron observaciones sobre posibles irregularidades administrativas, incluyendo antecedentes judiciales de colaboradores y una querella por acoso laboral que, según la denunciante, no habría recibido seguimiento oportuno.

Respuesta institucional e investigaciones en curso

Ante las denuncias, el ITLA informó que remitió la documentación a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, encabezada por Milagros Ortiz Bosch, para su evaluación. La institución negó que existan mecanismos de deducción de nómina con fines políticos, aunque los denunciantes sostienen que los aportes se realizaban en efectivo o mediante transferencias personales.

Las investigaciones continúan abiertas. Los involucrados han solicitado garantías para los testigos y una auditoría exhaustiva que permita determinar si existen faltas administrativas o responsabilidades legales.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido conclusiones definitivas, mientras el caso sigue generando atención pública por sus implicaciones tanto administrativas como patrimoniales.