El abogado denuncia falta de fundamentos legales, deterioro de salud del imputado y espera variación de la medida de coerción
El abogado Miguel Valerio, representante legal de Santiago Hazim, ofreció declaraciones a la prensa en las que criticó duramente la medida de prisión preventiva impuesta a su defendido, al tiempo que cuestionó los fundamentos jurídicos de la resolución emitida en primera instancia.
Durante la entrevista, Valerio expresó preocupación por lo que calificó como una narrativa mediática que, a su juicio, ha intentado despojar a Hazim de derechos básicos.
“El derecho a la salud y a la dignidad humana no puede ponerse en discusión, sin importar la condición de la persona”, planteó, señalando que ese tipo de posturas reflejan debilidades en el debate público y en la percepción de garantías fundamentales.
Críticas a la motivación de la sentencia

El jurista sostuvo que la decisión judicial carece de motivaciones estrictamente legales. Recordó que, conforme a los criterios del sistema de justicia dominicano y del propio Comité de Ética del Poder Judicial, las sentencias deben sustentarse exclusivamente en la ley y no en referencias religiosas o literarias.
Según explicó, la resolución no aborda aspectos esenciales para justificar la prisión preventiva, como el arraigo del imputado, el supuesto peligro de fuga o la posibilidad de destrucción de pruebas. En cambio, afirmó que se utilizaron argumentos que no corresponden al marco jurídico establecido.
“En un Estado de Derecho las decisiones deben basarse en normas claras, no en interpretaciones ajenas a la ley”, indicó.
Solicitan revisión y variación de la medida

Valerio informó que la defensa presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la duración de la prisión preventiva, al considerarla desproporcionada. Argumentó que la legislación contempla revisiones periódicas y que 18 meses de privación de libertad preventiva exceden lo razonable.
En ese sentido, señaló que esperan que la Corte reevalúe el plazo, tomando en cuenta precedentes del Tribunal Constitucional que establecen límites a este tipo de medidas.
Asimismo, aseguró que la defensa busca que la resolución sea declarada nula y que se disponga una variación de la coerción, lo que podría implicar condiciones menos gravosas, como el arresto domiciliario u otras alternativas.
Preocupación por el estado de salud
Otro de los puntos expuestos por el abogado fue el deterioro físico de Hazim durante su permanencia en prisión. De acuerdo con Valerio, el imputado habría perdido entre 70 y 80 libras de peso, por lo que no descartan solicitar la evaluación de una junta médica independiente que certifique su estado de salud.
El jurista insistió en que las condiciones médicas deben ser tomadas en cuenta dentro del proceso, reiterando que el respeto a la integridad del detenido es una obligación del Estado.
Mientras el caso continúa su curso en los tribunales, la defensa se mantiene a la espera de que las instancias superiores revisen la medida impuesta, bajo el argumento de que debe prevalecer la proporcionalidad, la legalidad y las garantías del debido proceso.
