Entra en vigor nueva Ley de Contrataciones Públicas con duras sanciones penales

Santo Domingo. La República Dominicana cuenta desde ahora con un nuevo marco legal para regular las compras y contrataciones del Estado, tras la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contrataciones Públicas, una normativa que deja sin efecto la legislación aprobada en 2006 y endurece de manera significativa las consecuencias penales contra la corrupción administrativa.

La ley fue promulgada por el presidente Luis Abinader y tiene como objetivo principal reforzar la transparencia, cerrar espacios a las malas prácticas y castigar con prisión a funcionarios, legisladores, empresarios y contratistas que incurran en irregularidades durante los procesos de contratación pública.

Cárcel para funcionarios y contratistas corruptos

Entre los cambios más importantes, la nueva legislación establece penas de dos a cinco años de prisión para los servidores públicos que participen en contratos prohibidos por la ley o utilicen su posición para beneficiar intereses particulares.

Asimismo, contempla condenas de hasta 10 años de cárcel para empresarios o proveedores que ofrezcan sobornos con el fin de obtener ventajas en procesos de licitación o adjudicación de contratos estatales.

También quedan tipificadas como delitos prácticas como la falsificación de documentos, el tráfico de influencias y la fragmentación de contratos con el propósito de evadir los controles legales y los procesos competitivos establecidos.

Compras públicas serán 100 % digitales y fiscalizadas

La normativa dispone además el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas y de la Tienda Virtual del Estado, plataformas en las que deberán registrarse todas las etapas de los procesos de compra, desde la convocatoria hasta la adjudicación y ejecución del contrato.

Cualquier contratación realizada fuera de estos sistemas carecerá de validez legal y podrá ser objeto de sanciones administrativas y penales, según establece la nueva ley.

Un paso clave contra la corrupción

Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un sistema de compras públicas más transparente, trazable y sometido a mayor control, en un esfuerzo por fortalecer la institucionalidad y reducir los márgenes para el uso indebido de los fondos del Estado.

La entrada en vigencia de esta ley marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción administrativa en el país, al convertir en delito penal prácticas que durante años fueron señaladas como debilidades estructurales del sistema.