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Santo Domingo. — La defensa del mayor del Ejército Diego Geraldo Mesa afirmó este lunes que la joven Perla Yokasta Santos, de 19 años, se encontraba en compañía de personas que, según su versión, estarían vinculadas a la banda conocida como “Chiqui B0mba” al momento de los hechos que hoy son investigados por las autoridades.
Argumentos de la defensa
El abogado Rolando Corniel sostuvo que la joven habría sido influenciada por individuos presuntamente relacionados con actividades delictivas, planteando además cuestionamientos sobre el nivel de supervisión familiar durante la madrugada, en un entorno que calificó como riesgoso.
Corniel manifestó que el padre de la joven no habría ejercido la autoridad suficiente para impedir que saliera con dichas personas, señalando que situaciones como esta, a su juicio, se producen cuando no se asume plenamente el rol parental. Asimismo, indicó que la madre decidió retirarse a descansar al percibir un ambiente de riesgo, lo que —según la defensa— limitó el control sobre los movimientos de la joven en horas nocturnas.
Trayectoria durante la madrugada
De acuerdo con la versión presentada por la defensa, la persona que presuntamente conducía la motocicleta en la que se desplazaba la joven declaró que recorrieron varias zonas del Gran Santo Domingo antes de llegar a Los Guandules. El trayecto habría incluido sectores como Villa Duarte y Los Mina.
Posteriormente, el recorrido continuó por la Avenida Francisco del Rosario Sánchez, conocida como “La 17”, asegurando que contaban con combustible suficiente para movilizarse durante gran parte de la madrugada.
Situación del mayor Mesa
La defensa insistió en que el mayor Mesa habría sido víctima de un intento de atraco, versión que, según indicó, estaría respaldada por imágenes captadas por cámaras de seguridad de una estación de combustible cercana, donde se observaría parte de la secuencia de los hechos.
Corniel afirmó que el oficial actuó conforme a los protocolos establecidos, notificó lo ocurrido a sus superiores y se presentó voluntariamente ante las autoridades. Añadió que, tras la repercusión pública del caso, la jefatura militar decidió remitirlo a la jurisdicción civil para el curso correspondiente del proceso judicial.
Proceso judicial en curso
El jurista también cuestionó la reputación de algunas personas relacionadas con el expediente, reforzando su planteamiento sobre la responsabilidad compartida de los involucrados. Mientras tanto, el tribunal decidió aplazar la audiencia destinada a conocer las medidas de coerción contra el mayor del Ejército.
Por su parte, el Ministerio Público mantiene de manera preliminar la calificación jurídica del caso como homicidio voluntario, en tanto continúan las investigaciones para esclarecer con precisión las circunstancias y la participación de cada persona vinculada al hecho que culminó con la pérdida de la joven.
